Muro cultural vs. globalización

El impacto de las nuevas tecnologías en diferentes esferas de lo social -comunicación, educación, política, economía- es indiscutible. Pero el análisis de todo proceso social debe ir acompañado de un anclaje con las realidades socio-culturales a las que se circunscribe.
El sociólogo estadounidense Daniel Bell acuñó, en 1973, el concepto de “Sociedad de la información”, anunciando el futuro de una sociedad en la cual el eje principal estaría dado por el conocimiento teórico y en donde los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía. Ya en los ‘90, en un contexto signado por el desarrollo de internet y de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se emplea el concepto de “Sociedad del conocimiento”, que incluye las dimensiones de transformación social, cultural, política e institucional. Con tintes más democratizantes, el español Manuel Castells acuña el término “sociedad informacional”, a la que define como “una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes del poder”.
El evidente escaso aggiornamiento de los operadores políticos a las nuevas tecnologías en su relación con las bases puede ser pensado desde el encuadre socio-cultural de aquellos que hoy constituyen los cuadros de la política local. Considerarlo simplemente como un retraso en tiempos modernos, carente de racionalidad o lógica, sería pecar de ingenuidad. No podemos dejar de interrogarnos acerca de cuan extensamente impuesta se encuentra la tecnología hoy en una sociedad en la cual la revolución tecnológica en el campo de la educación se encuentra todavía en ciernes, y en la que muchísimo ciudadanos se encuentran aún excluidos de la educación básica.
Si esta falta de aggiornamiento puede ser planteada desde un punto de vista de “sub-desarrollo” o de falta de modernización de la política local; la adaptación de los modos de hacer política a encuadres mediático-tecnológicos requiere necesariamente incluir una reflexión acerca de las bondades que esa lógica implica: un marketing político con esquemas efectistas de mensajes, con efectos simplificadores y vacíos de contenido; un planteo netamente individualista y aislante, que se opone por definición a lo político, a lo público, a lo colectivo.
El e-gobierno y el derecho de acceso a la información pública suponen un aumento de la transparencia del sector público, en pos de un acercamiento de la sociedad a participar en las decisiones que le competen y de una baja en los niveles de corrupción. Sin embargo, ¿a qué sociedad está dirigido ese e-gobierno?, ¿a quiénes incluye y a quiénes excluye? Si bien es cierto que la política actual ha puesto en evidencia una insuficiencia de las vías tradicionales de participación previstas por la democracia representativa, debemos interrogarnos también acerca de cuán preparada está y cuán receptiva es nuestra sociedad para emplear las TIC’s como verdadera herramienta democrática de información e involucramiento en lo público.
Pensar cómo las TIC’s pueden favorecer a un proceso político socialmente inclusivo, que avance hacia una democracia directa trascendiendo los límites de la democracia participativa, implica fundamentalmente pensar en la localidad, en las propias realidades, necesidades y barreras culturales, antes que correr irreflexivamente tras patrones globalizantes.