10 Octubre 2008 Seguir en 
"Alpargatas salió de la crisis gracias al aporte de sus trabajadores que con su esfuerzo, su voto y la renuncia a sus derechos fundamentales permitieron que la deuda concursal se redujera a su mínima expresión", señaló Alicia González Mestre, abogada patrocinante de empleados y de ex trabajadores de la firma. Dijo que la gran cantidad de trabajadores que Alpargatas tiene en el país (5.000) proporcionó al grupo la mayoría numérica que necesitaba para superar el concurso preventivo, en 2002. "La propuesta de Alpargatas a sus acreedores consistía en el pago con acciones, obligaciones negociables, o un 7% del capital reconocido en efectivo, sin intereses. Esta oferta no distinguió entre acreedores laborales y grandes acreedores (entidades financieras nacionales y extranjeras). Se incluyó a todos en la misma bolsa", indicó. Destacó que los acreedores privilegiados (trabajadores, entre otros) "no tenían ninguna propuesta de pago, y quedaron sometidos a la negociación individual, frente a frente con la empresa".
González Mestre rechazó expresiones del director de Asuntos Legales de Alpargatas, Pedro Morelli, que la semana pasada aseguró que la compañía viene cumpliendo con todas las obligaciones surgidas del concurso judicial preventivo. Morelli había informado que planteó ante la Justicia que gran parte de las personas que demandaron a Alpargatas -ex empleados y personal en actividad- "no estaban en conocimiento de que la abogada González Mestre había iniciado estos juicios en su nombre".
"Esto fue evidentemente con abuso de los poderes que esta gente le había dado de buena fe en su momento para simplemente hacer la verificación de los créditos en el concurso", subrayó el letrado.González Mestre destacó que en 2004 los representantes de la compañía informaron a los trabajadores activos que la suma de $ 1.500 reconocida en el concurso sería pagada en cuotas de $ 50 mensuales. Para ello debían firmar la conformidad a la propuesta que harían valer en el ámbito judicial. "Fácil es suponer que quienes se negaban a hacerlo fueron perseguidos hasta quebrar psicológicamente su voluntad por el temor a la represalia, la discriminación o el despido", precisó. "En cuanto a los que habían sido despedidos no corrieron mejor suerte: la empresa aprovechó la proximidad de las Fiestas de Fin de Año y la falta de recursos que padecían sus ex trabajadores, y a fines de 2004 les ofreció pagar un anticipo de $ 500 y cuotas de $ 100 mensuales, sin interés, hasta completar los $ 1.000, o $ 1.200, o $ 1.500. A cambio, debían firmar la conformidad con la propuesta del grupo para salir del concurso", añadió la abogada.
Hizo hincapié en que ninguno de esos acuerdos guardó los requisitos de validez que exigen las leyes laborales para cancelar los créditos a favor de los trabajadores. "Frente a la indiferencia del grupo empresario y de la Justicia Comercial de la Capital Federal, recurrimos a todos los mecanismos legales para lograr la satisfacción íntegra de los reclamos", remató González Mestre.
González Mestre rechazó expresiones del director de Asuntos Legales de Alpargatas, Pedro Morelli, que la semana pasada aseguró que la compañía viene cumpliendo con todas las obligaciones surgidas del concurso judicial preventivo. Morelli había informado que planteó ante la Justicia que gran parte de las personas que demandaron a Alpargatas -ex empleados y personal en actividad- "no estaban en conocimiento de que la abogada González Mestre había iniciado estos juicios en su nombre".
"Esto fue evidentemente con abuso de los poderes que esta gente le había dado de buena fe en su momento para simplemente hacer la verificación de los créditos en el concurso", subrayó el letrado.González Mestre destacó que en 2004 los representantes de la compañía informaron a los trabajadores activos que la suma de $ 1.500 reconocida en el concurso sería pagada en cuotas de $ 50 mensuales. Para ello debían firmar la conformidad a la propuesta que harían valer en el ámbito judicial. "Fácil es suponer que quienes se negaban a hacerlo fueron perseguidos hasta quebrar psicológicamente su voluntad por el temor a la represalia, la discriminación o el despido", precisó. "En cuanto a los que habían sido despedidos no corrieron mejor suerte: la empresa aprovechó la proximidad de las Fiestas de Fin de Año y la falta de recursos que padecían sus ex trabajadores, y a fines de 2004 les ofreció pagar un anticipo de $ 500 y cuotas de $ 100 mensuales, sin interés, hasta completar los $ 1.000, o $ 1.200, o $ 1.500. A cambio, debían firmar la conformidad con la propuesta del grupo para salir del concurso", añadió la abogada.
Hizo hincapié en que ninguno de esos acuerdos guardó los requisitos de validez que exigen las leyes laborales para cancelar los créditos a favor de los trabajadores. "Frente a la indiferencia del grupo empresario y de la Justicia Comercial de la Capital Federal, recurrimos a todos los mecanismos legales para lograr la satisfacción íntegra de los reclamos", remató González Mestre.







