La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de avalar lo planteado por el Colegio de Abogados contra la reforma de la Constitución provincial encontró al presidente de la entidad profesional, Antonio Bustamante, en la Capital Federal.
El directivo mezcló la satisfacción de lo alcanzado con su interés de profundizar los alcances de la sentencia. En ese contexto, anunció durante una conversación telefónica con LA GACETA que es partidario de apelar ante la Corte de la Nación para que se revise el fallo y se incluya el pedido de modificar la integración del Jurado de Enjuiciamiento, punto dejado de lado por el tribunal provincial.
"Analizaremos la posibilidad de recurrir la sentencia en los puntos en que no nos hicieron lugar, más allá de las pretensiones admitidas por la Corte. Entiendo que la forma de remover a los jueces también hace a su nivel de independencia, ya que los Jury actúan muchas veces como órganos disciplinadores", puntualizó. Bustamante remarcó la importancia de que se haya confirmado el ingreso a la Justicia mediante concursos de oposición y de antecedentes, lo que deja de lado la obligatoria dependencia a un perfil político determinado para ser magistrado. Además, reclamó la participación de los abogados en los procesos de elección y de destitución de los jueces.

Balance
"Fueron años muy duros, pero debimos hacer esta presentación en defensa de la sociedad tucumana toda, de la garantía de los derechos civiles y políticos y de la vida en democracia con vigencia plena de las libertades personales. Como colegio y como profesionales, logramos la elevación de la consideración social, al transformarnos en un faro de referencia. Hablamos libres de ataduras, con el único compromiso de contribuir a la paz social desde el respeto de las instituciones y el contrapeso entre los poderes del Estado", sostuvo.
El titular de los letrados consideró que todos los jueces intervinientes, sea cual fuese su pronunciamiento, estuvieron a la altura de las circunstancias y que el fallo emitido traspasará las fronteras, en especial respecto a los límites del accionar de los convencionales reformadores, cuyo techo es la ley de convocatoria a la modificación constitucional.
También elogió la decisión judicial de dar por tierra el instituto de la enmienda parlamentaria, al advertir que su vigencia implicaba que la Constitución era provisoria y podía ser cambiada en cualquier momento, lo que generaba incertidumbre en la sociedad.