"El fallo de la Corte ha dejado a Tucumán sin un sistema de designación de jueces. Ha colocado a la Provincia en un atolladero, cuya única salida es una nueva reforma de la Constitución provincial". La sentencia pertenece al ex vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Alfredo Carlos Dato.
En su análisis sobre el pronunciamiento del máximo tribunal, que en fallo dividido declaró inconstitucionales algunos institutos de la reforma constitucional de 2006, el diputado considera que apelarlo ante la Corte Suprema de la Nación es inviable. "Seguramente, el alto tribunal nacional dirá que es una cuestión sujeta a la interpretación del Derecho Público Provincial y la devolverá", estimó.
La otra opción es acatar la resolución judicial, pero eso, insiste Dato, deja a la Provincia sin posibilidad de designar nuevos jueces. "Admitir la sentencia equivale a ir derecho a otra reforma", subrayó.El diputado del PJ advierte que, en la sentencia, René Mario Goane y Ebe López Piossek no se pronuncian respecto de qué mecanismo debe emplearse al respecto, cosa que sí hacen Alberto José Brito y Antonio Gandur.
Dato recordó que Brito, en su voto en disidencia, sostiene que como la integración del Consejo Asesor de la Magistratura ha sido objetada, debe volverse al sistema que regía antes de la reforma de 2006. Este mecanismo consistía en que el Ejecutivo nominaba a un candidato y la Legislatura decidía prestarle acuerdo, o no. "Pero, dadas las circunstancias, eso no parece políticamente correcto", manifiesta.El parlamentario sostiene que Gandur sí se hace cargo de la situación y, afirma, de su voto se desprende que al haber sido fulminado también el Régimen de Enmiendas por vía legislativa, no queda otro camino que una nueva reforma. "Gandur propone que una ley prevea la integración del CAM, pero eso determinaría que los próximos jueces no provendrían de la Constitución sino de una ley, con la debilidad que ello implicaría. Basta como ejemplo lo que ocurrió con el Tribunal de Cuentas durante el Gobierno de Julio Miranda: como el organismo no tenía rango constitucional, bastó una ley para cambiar su composición", manifestó.
Frente a esta situación, el ex presidente de la Corte insiste en que no hay otro camino sino modificar la Carta Magna. "En esa reforma, los constituyentes pueden prever que no haya CAM", alertó.
Ahora bien, el proceso de modificar la Carta Magna mediante una Convención Constituyente insume mucho tiempo y, advierte Dato, se producirán, con la jubilación de magistrados, más vacantes por cubrir, además de las que ya hay en el Poder Judicial. Para no entorpecer el funcionamiento de los Tribunales, el diputado nacional propuso que, por ley, la Legislatura cree un sistema especial de subrogancias.El mecanismo, explicó, consistirá en proponer un listado de abogados del foro como conjueces, que reciban acuerdo de la Cámara y que sean sorteados para atender las causas. "Durarían sólo hasta que haya un mecanismo constitucional para designar a los jueces definitivos", explicó.