Una ley sobre canes que no se aplica

Los perros tucumanos parecen estar íntimamente ligados con el destino de nuestra comunidad. Pero no siempre reciben la crianza y el afecto que se merecen, a juzgar por la gran cantidad de canes que deambulan por San Miguel de Tucumán y que todos los años aparecen como malhechores por haber mordido a algún peatón o motociclista, o por las jaurías descontroladas que imponen un razonable temor en el ciudadano. Ello es motivo de interminables discusiones acerca de qué debería hacerse con estos animales vagabundos, que finalmente se acallan cuando la Municipalidad anuncia que realizará una campaña de castración. Muchos hablan, aconsejan, critican, recomiendan lo que debería hacerse, pero nadie se hace cargo del problema.
La trágica muerte de un niño de un año y diez meses, ocurrida como consecuencia del ataque de un rottweiler, en Barrio Jardín, actualizó la polémica sobre las razas consideradas peligrosas por su agresividad. Los niños son las principales víctimas de los ataques de perros. Según los expertos, ello acontece porque no tienen conciencia del peligro que corren y en sus juegos no respetan al animal. La directora del Hospital del Niño Jesús dijo que, de los 300 chicos que llegan a la guardia diariamente, 10 han sufrido mordeduras de canes. Explicó que los casos son de distinta gravedad y que la proporción de niños atacados por perros callejeros o por sus propias mascotas es casi la misma. La cifra de criaturas mordidas por día se ha incrementado: en 2003 eran seis; en 2004, el número descendió a tres, y este año se elevó a 10.
En Tucumán, no hay una legislación que regule la cría y la tenencia de perros peligrosos. Por ejemplo, los concejales de la ciudad de Córdoba aprobaron en marzo de 2006 la creación de un Registro de Animales Domésticos. La iniciativa establece que los perros potencialmente peligrosos deberán estar registrados, llevar un chip bajo la piel y salir a la calle con cadena y bozal. El propietario debe contratar un seguro contra terceros para asumir los gastos que pudiese ocasionar un eventual ataque del animal. Algo similar ocurre en la ciudad santafesina de Rafaela. Una ordenanza que entró en vigencia en enero pasado obliga a inscribir a los perros de razas peligrosas en un registro municipal. Mendoza también cuenta con una norma similar que incluso prevé multas para quienes pasean perros potencialmente agresivos, por lugares públicos, sin bozal y sin correa.
Lo increíble es que en Tucumán existe una ley de Profilaxis de la Rabia que está vigente desde 1953 y no se la aplica. La iniciativa establece que los perros sólo pueden circular por la vía publica con bozal y que se los debe llevar con una cadena. En el artículo 3º se especifica que las municipalidades y las comunas rurales deben inscribir los animales especificando el nombre, el sexo, la raza, la edad, la talla y, además, el nombre y el domicilio de sus dueños. Según un veterinario, la aplicación de esta ley y el Registro de Accidentes por Mordeduras se encuentran definidos en el programa de Control de Rabia Canina, aprobado por la Legislatura en 2005.
Hay tres proyectos sobre el mismo tema en la Legislatura desde 2006 que nunca fueron considerados y que, al parecer, no contemplaban la vigencia de la ley de 1953. Quizás convenga simplemente actualizar esta norma.
La problemática de los perros debería ser abordada en su conjunto y no esperar -como suele ocurrir a menudo- que sucedan desgracias para preocuparse momentáneamente y luego de que pase la controversia, olvidarse del asunto.