El jueves, minutos después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a prisión perpetua a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez hubo llamadas telefónicas desde el Ministerio de Defensa de la Nación, ya que este último está alojado en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, que depende de aquella cartera. El secretario de Derechos Humanos del tribunal, Mariano García Zavalía, informó que el militar retirado deberá permanecer en Tucumán hasta el jueves, cuando serán leídos los fundamentos de la sentencia. Entonces, podrá ser trasladado a Córdoba, donde también purga una pena de reclusión perpetua, pero en la cárcel de Bower. El mismo jueves, la titular de Defensa, Nilda Garré, emitió un comunicado en el que advirtió que ninguna unidad militar es “idónea para alojar a personas condenadas en procesos penales, ya sea desde el punto de vista edilicio, como en lo que respecta a las condiciones de seguridad” necesarias para personas privadas de su libertad. Agregó que esta modalidad viola “las prescripciones establecidas por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554”.
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