La asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) objetó la decisión judicial de mantener la detención domiciliaria de Antonio Bussi pero, al mismo tiempo, reprobó los hechos de violencia iniciados por grupos movilizados en la tarde del miércoles, tras conocerse la sentencia.
“Deploramos todo lo ocurrido, sobre lo cual no tenemos responsabilidad ni relación alguna con sus autores. Esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad; pero este Tribunal Oral en lo Criminal Federal no estuvo a la altura de las demandas ni de las circunstancias históricas en las que les competió actuar, por lo que instamos a sus jueces a desempeñar su rol con solvencia, sin expresar dudas, que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda”, plantearon Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto y Reneé Ahualli, entre otras.
Las dirigentes vincularon a los sectores que iniciaron los incidentes con organizaciones políticas que tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario en apoyo al campo. “Respaldaron públicamente a la oligarquía. Fue su posición antigobierno la que primó en la planificación de enfrentamiento que mancharon esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo”, aseveraron.
La agrupación remarcó que las organizaciones defensoras de los derechos humanos han demostrado que, en su larga trayectoria de lucha para conseguir condenas como las que recayeron sobre Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, nunca apelaron a métodos violentos para lograr sus objetivos. “Repudiamos a todos los sectores que intentan apropiarse de esta pelea tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales, como así también el accionar represivo de la Gendarmería y de las usinas bussistas”, plantearon.
Fadetuc agregó que la magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte de los magistrados, y remarcó que  normativa internacional habla de una prisión efectiva en cárcel común para los penados.
“Haber pospuesto la resolución sobre el lugar de alojamiento resulta una afrenta a las víctimas del terrorismo de Estado. La Ley 24.660, de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad por delitos comunes tienen asegurados sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales. Es incoherente la decisión de prisión perpetua en un country”, señaló el documento de la organización.