Los jueces decidirán hoy la suerte procesal de Bussi y de Menéndez

Hoy puede ser un día histórico. Si el Tribunal Oral en lo Criminal Federal accediera completamente al pedido del fiscal general Alfredo Terraf, los militares retirados Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez deberían ser alojados desde esta misma noche en la cárcel de Villa Urquiza, en el área de máxima seguridad. Pero, aun cuando fueran absueltos, ambos seguirán bajo prisión preventiva a causa de las órdenes judiciales que en tal sentido pesan sobre ellos (incluida una condena contra Menéndez), en otras causas por violaciones a los derechos humanos.
La parte resolutiva de la sentencia por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976, será anunciada esta tarde, probablemente a partir de las 17, durante un acto que no demandará más de 30 minutos.
No obstante, a las 9.30 fue convocada la audiencia pública en la que les preguntarán a los imputados si quieren pronunciarse por última vez (ambos anticiparon que lo harán). Luego, los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi deliberarán hasta la hora en que revelen a qué conclusión llegaron.

Expectativa
Teniendo como referencia la reciente sentencia condenatoria de Córdoba contra Menéndez (Ver "El ex jefe.."), la gran expectativa está centrada en si el tribunal tucumano accederá al requerimiento de Terraf.
El martes, en el momento de formular sus alegatos, el fiscal solicitó prisión perpetua y que se revoque el régimen de detención domiciliaria del que pudieran gozar los imputados (concretamente Bussi, que reside en un country de Yerba Buena), para que, si así se determinara, cumplieran la pena en una cárcel. Esto fue lo que dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba el 24 de julio, en una causa por violaciones a los derechos humanos.

Otra mirada
En cambio, los defensores (Amalina Assaf, por Bussi y Horacio Guerineau, por Menéndez) pidieron la absolución de sus representados y, en forma subsidiaria, en el caso de que fueran condenados, el beneficio de la prisión domiciliaria. Si los magistrados accedieran a esto último, se plantearía un problema en el caso de Menéndez, ya que en Córdoba la pena que le impusieron debe ser ejecutada en la cárcel de Bower. De hecho, estaba alojado en ese establecimiento hasta que el 1 del corriente fue trasladado a Tucumán para afrontar el presente juicio oral.
A favor de la prisión domiciliaria, las defensas invocan la edad de sus clientes (Bussi tiene 82 años y Menéndez, 81) y el derecho a la salud, factores previstos por la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad). El artículo 33 de la norma autoriza al tribunal a concederla (es una facultad, no una imposición automática) cuando mediara pedido de parte y el condenado fuera mayor de 70 años o padeciera una enfermedad incurable o terminal, y esto fuera acreditado por informes médicos, psicológicos o sociales.
El codefensor de Bussi, Adolfo Bertini, también invocó las denominadas "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad", aprobadas en marzo durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Esgrimió que el ex gobernador se encontraba comprendido en tal situación.
Al menos procesalmente, la sentencia que se anunciará hoy no cerrará la historia definitivamente, porque los fundamentos serán leídos el jueves. Desde entonces, las partes dispondrán de 10 días para interponer un recurso de casación, lo que ya ocurrió en el caso de Córdoba, donde la condena aún no está firme.