Según García Mena, es exiguo el presupuesto que maneja

Los ánimos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia no son los mejores. Al pedido de recomposición salarial del personal se sumó la novedad que la partida presupuestaria está resultando insuficiente para atender aspectos relacionados con el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, hay contratos que vencen en los próximos días y que, por ahora, no podrán ser renovados. "Los empleados no tienen una recomposición salarial desde 1995; es un reclamo justo y que apoyamos", admitió su titular, Jorge García Mena.
Los delegados gremiales de ATE, Julio Valdez y Raúl Villafañe, explicaron a LA GACETA que, en realidad, no existen discusiones entre los trabajadores y la dirección de la Defensoría. Tanto los sindicalistas como el propio García Mena se mostraron distendidos y coincidentes en el diálogo con el diario. "No hay conflicto sino diálogo", aseguraron. Valdez agregó: "el defensor se hizo eco de un planteo razonable que hicimos y abrió un canal de charla permanente".
Los trabajadores solicitaron al titular del organismo que gestione que los empleados de la Defensoría equiparen sus salarios con los del Tribunal de Cuentas.
Respecto de los empleados cuyos contratos se vencen en los próximos días, también hubo respuestas similares. "Fueron notificados y saben que haremos lo imposible por mantenerlos dentro del plantel, porque todos cumplen funciones necesarias", aseguró García Mena.
En el organismo trabajan alrededor de 100 personas, según contó García Mena, algunos con contrato de locación de servicio, 68 permanentes y empleados con contratos temporarios.
El eje central del problema es el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. El organismo, que adquirió rango constitucional en 2006, funciona con $ 5 millones, según advirtió García Mena. Consideró que la cifra es exigua si se considera la cantidad de situaciones que se atienden allí.
"La mayoría del presupuesto se va en sueldos y queda poco dinero para que podamos actuar en el sinnúmero de denuncias que llegan por día, que además son de todo tipo, desde desalojos hasta cuestiones menores pero importantes", dijo.
García Mena celebró la jerarquía constitucional a la que arribó la Defensoría desde 2006, pero reconoció que es imprescindible un aumento presupuestario. "El año pasado realizamos 11.000 actuaciones, estamos presentes en toda la provincia, por lo que somos el verdadero sensor social", señaló.
Un eventual aumento del presupuesto de la Defensoría debe ser solicitado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo y luego debe ser aprobado por aquella.