Se enfrentaron en un careo, mantuvieron sus dichos y podrían ser detenidos

En una nueva jornada del histórico juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Tucumán, el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, solicitó hoy la detención del ex juez militar, Roque Cabral, y de su ex secretario, Raúl Molina.

Terraf acusó a ambos de los delitos de falsedad ideológica, debido a que -según denunció- adulteraron las declaraciones efectuadas entre 1985 y 1986 por los distintos testigos que comparecieron en la causa por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.

Previamente, ambos militares mantuvieron un careo con Juan Palavecino, quien fue secretario de la CGT-Regional Tucumán. El sindicalista, quien vio a Vargas Aignasse en la Brigada de Investigaciones de la Policía, desconoció que en 1985 haya dicho que los presos políticos recibían buenos tratos, como consta en un acta.

Los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi no se expidieron sobre la solicitud, y pospusieron su decisión hasta el momento en que darán a conocer la sentencia. La situación motivó un nuevo entredicho entre Terraf y Cabral, ya que el militar retirado reivindicó todo lo actuado durante la época de regreso a la democracia.

Tras un cuarto intermedio, declaró el coronel retirado del Ejército, Alberto Gerardo Cerúsico, a quien Marta Cárdenas, la esposa de la víctima por aquel entonces, mencionó en su testimonio como un conocido cuyo nombre invocó para poder ingresar a la Casa de Gobierno y hablar con Antonio Domingo Bussi en marzo de 1976.

Durante sus dichos, el militar (r) aclaró que sus funciones fueron administrativas y no operacionales, y comparó sus labores con la de un intendente de un edificio, puesto que se limitaba a tener las cosas en orden en el Palacio gubernamental, según dijo. LA GACETA ©