Un arresto reaviva el conflicto laboral en Trabajo

La detención de un inspector de la Secretaría de Trabajo, acusado de haber cobrado una coima, reavivó el conflicto interno que atraviesa la repartición desde comienzo de año, a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de crear un nuevo cuerpo de agentes y de desplazar de esa función a los actuales empleados del área.
Ayer, las oficinas del organismo cobijaron un sinfín de versiones. Desde el malestar y la incertidumbre de los empleados hasta la firmeza con la que el actual titular de Trabajo, Roberto Jiménez, ratificó su empeño en jerarquizar la función de los inspectores. Para ello, insistió, profundizará su plan de recambio de los agentes en pos de evitar situaciones similares, aunque aclaró que siempre podrán darse estos hechos. "Esta actitud debe ser imitada por todos los empleadores, que no deben dejarse intimidar por quienes solicitan las coimas", sostuvo el funcionario.
La disputa entre un sector gremial y las autoridades de Trabajo comenzó en marzo, cuando se anticipó la decisión oficial de reestructurar la Secretaría en consonancia con el lanzamiento del Gobierno de una campaña en contra del trabajo en negro.
Jiménez, al fundamentar el traspaso de unos 50 trabajadores que se desempeñan como inspectores, explicó que los acuerdos internacionales establecen que los organismos encargados de controlar las actividades laborales tienen que contar con inspectores que sean profesionales. El funcionario, incluso, detalló que la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados determinan que los encargados de hacer cumplir las leyes laborales como inspectores deben ser sí o sí profesionales universitarios.
La resistencia de los empleados afectados por la medida derivó en el inicio de una causa judicial, que aún se tramita en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ante la Justicia, el Estado ratificó su potestad para trasladar trabajadores a otras reparticiones. No obstante, aún deben resolverse en los Tribunales los recursos de amparo interpuestos por los empleados, quienes argumentaron la supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida.

La polémica
Con ese escenario como telón de fondo, el miércoles por la noche se produjo la detención del inspector Julio Martel. Por ello, referentes gremiales de la repartición sospechan que se trató de una maniobra para perjudicarlos en medio de la pulseada judicial.
Martel fue arrestado en las oficinas del organismo provincial, en calle Junín al 200. La fiscala María de las Mercedes Carrizo había ordenado un operativo tras la denuncia radicada por Gustavo Rolando Carrizo, propietario de un lavadero de autos ubicado en avenida Avellanda al 400 y ex delegado comunal de Delfín Gallo durante el período 2003-2007. El hombre afirmó que el inspector pretendía cobrarle $ 1.000 para otorgarle el acta de registro de los empleados de su comercio, por más que él ya había obtenido el alta provisoria. Afirmó que tenía todos los papeles en regla desde el primero de julio y que no entendia por qué querían coimearlo. Carrizo entonces se comunicó con el secretario de Trabajo, tras lo cual Jiménez le recomendó que radicara la denuncia.
La fiscala Carrizo hizo fotocopiar 10 billetes de $ 100 y el comerciante, a las 19.15 del miércoles, se los entregó a Martel. Luego el oficial Nazareno Villagra y el comisario Fernando Maruf, del Departamento Informaciones de la Policía (D2) arrestó al inspector y ante testigos que habían sido convocados a la oficina comprobó que los billetes que estaban dentro de su carpeta de trabajo eran los mismos que habían sido fotocopiados.

El delito de cohecho es una figura penal excarcelable
Julio Martel fue imputado ayer del delito de cohecho. El Código Penal prevé penas que van desde un año hasta seis de prisión, por lo que se trata de un delito excarcelable, o sea que no se podrá dictar prisión preventiva contra el inspector. Pero, al mismo tiempo, según analizaba anoche la fiscala María de las Mercedes Carrizo, como el imputado no pudo disponer del dinero recibido ya que antes fue detenido, se trataría de una tentativa de cohecho, lo que disminuye aún más la pena. Pero lo importante para la Justicia es que el imputado, en caso de ser declarado culpable, será inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, tal como prevé el Código Penal, por lo que no podría volver a trabajar en ninguna otra área del Estado.