Hemos informado sobre el estado de ruina que presenta el templo de San Francisco de nuestra ciudad. Por la humedad alojada en las paredes y en la cúpula del edificio, parte del techo amenaza con derrumbarse. Tan evidente es la situación, que se han cerrado sectores de la iglesia, por los que resulta riesgoso desplazarse.
   No es la primera vez que nos referimos al estado del inmueble franciscano. Semanas atrás se anunció que la Municipalidad obtuvo fondos de la Nación para efectuar las tareas de restauración y conservación. La iniciativa todavía se halla en la etapa de fijar pliegos y actualizar precios, como paso previo a una licitación que, se supone, será llamada entre fines de este mes y principios de agosto. Los arreglos comenzarían por la techumbre, cuya pésima condición es la principal causa de los deterioros que sufre el interior. Luego de esos arreglos, faltaría todavía que la Nación aporte el dinero necesario para recuperar los muros con sus pinturas.
   El patético caso de San Francisco ilustra sobre la inadmisible situación que soportan, con demasiada frecuencia, los edificios del interior del país que han sido declarados “monumento histórico nacional”, como es el caso del que nos ocupa. La condición de “monumento”, que se otorga luego de un cuidadoso estudio acerca de su representatividad histórica, significa que el Gobierno nacional se hace cargo, en adelante, de su conservación y de las reparaciones que el inmueble requiera.
   Tal es la teoría. Pero en la práctica, los monumentos históricos nacionales subsisten como pueden, gracias a obras que, de vez en cuando, ejecutan en ellos los gobiernos provinciales o municipales. O los vecinos de buena voluntad, en los casos de locales de la campaña. Si el monumento no se encuentra en el área de la Capital Federal, la atención que el Estado nacional le brinda es tan escasa como esporádica, salvo contadas excepciones. Es decir que, en los hechos, la protección que se supone implica la calidad de “monumento histórico nacional” no pasa del papel.
   En Tucumán, por ejemplo, existe un total de 11 monumentos históricos nacionales: la Casa de la Independencia, la casa de Avellaneda, la casa del obispo Colombres, el camarín de la Virgen de La Merced, la Catedral, San Francisco y, en el interior, la capilla de Chicligasta, la de San Ignacio de La Cocha y la de San José de Lules, además de la iglesia de Trancas Viejo y la estancia de La Banda en Tafí del Valle. Quienes han frecuentado estos monumentos, saben que en la mayoría de ellos son necesarias importantes obras de restauración y conservación que no se realizan. Esto sin perjuicio de los buenos propósitos que a veces pueden existir: en el caso del conjunto tafinisto de La Banda, a fines de mayo se reunieron expertos nacionales y provinciales para fijar numerosas pautas de mejoramiento y de arreglo de esa edificación colonial.
Sin entrar a los casos particulares, parece obvia la vigencia de un inaceptable cuadro general que bien merece disposiciones correctivas de fondo. Suena a obvio que el Gobierno de la Nación debiera prever todos los años, como un gasto de rutina, en el Presupuesto que sanciona el Congreso, las sumas necesarias para cumplir su obligación de conservar los “monumentos históricos nacionales” existentes en toda la Argentina. Es la obligación que ha contraído al darles legalmente ese carácter.
   No puede continuar la falla que existe hasta el presente, y que determina que tales inmuebles, como decimos arriba, se mantengan en pie gracias a acciones de diverso tipo, ninguna de las cuales surge de la Nación, que es la que debiera ponerlas en marcha. No es la primera vez que hacemos notar la existencia del referido panorama. Sin duda este contrasta irónicamente con las expresiones oficiales de fomento de la cultura nacional. El patrimonio histórico integra, en lugar eminente, la cultura de un país. Sería deseable que así se lo entienda en los hechos.