Buenos Aires.- La Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia en el conflicto desatado en el marco de una causa iniciada por la provincia de San Luis contra la aplicación de las retenciones móviles dispuestas por el Estado nacional. Así lo resolvió el máximo tribunal en el marco de una demanda iniciada por esa provincia, y corrió traslado al Gobierno nacional para que dé su respuesta en el plazo de 60 días.
Justamente San Luis fue visitada ayer por los representantes de la mesa de enlace agropecuaria, quienes fueron recibidos por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en la Casa de Gobierno.
Allí se lanzaron fuertes críticas al Gobierno central y se cuestionó el anuncio realizado por la presidenta Cristina Kirchner, que dijo que los excedentes generados por las retenciones serán destinados a hacer política social.
Al ser consultado sobre esta decisión judicial, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo: “si nos cortan el camino político, nos queda el camino judicial”, y dijo que confía en que la Corte “dé una resolución final, somos optimistas en eso”.
La resolución fue dictada en el marco de una presentación que hizo el Gobierno puntano, en la cual se indicó que las retenciones móviles afectan la Coparticipación Federal. La presentación ingresó directamente a la Corte como juicio originario, porque se trata de la demanda de una provincia contra la Nación.
San Luis pidió, además, la declaración de inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos por la Nación a partir del 1º de enero de 2002. Rodríguez Saá presentó la demanda con el patrocinio del ex ministro de la Corte, Rodolfo Barra, luego de la polémica resolución 125/08 que incrementó el impuesto a las exportaciones de granos. (NA)