Y un día se rompió el termómetro oficial

Barajar y dar de nuevo, pero con los mismos naipes. Esa parece ser la filosofía que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) luego de que su conducción política decidió no publicar la evolución del proceso inflacionario en algunos grandes centros de consumo, como el de Tucumán, y en otros distritos donde los precios crecen a mayor ritmo que en Buenos Aires.
La metodología utilizada es la misma para cada una de las provincias, indica el Indec en el último parte del IPC Nacional. No obstante, las características de cada una de ellas determinan que el índice se elabore a partir de una canasta diferente de productos determinando incidencias y niveles diferentes en cada jurisdicción. Mientras el IPC del Gran Buenos Aires se apoya en una canasta de 818 variedades, el resto de las provincias que componen esta Primera Etapa utiliza entre un máximo de 480 y un mínimo de 238 variedades de productos, de los cuales sólo 162 son comunes a todas las provincias. Así se expresa en el último parte del organismo.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido romper definitivamente el termómetro. La inflación será porteña y para nada federal. Blanqueó una situación que para muchos analistas era una verdad de perogrullo: propender a que las direcciones de Estadística provinciales no elaboren el índice. Sólo de esa manera, al menos temporalmente, se evitará dar explicaciones acerca de por qué el índice de precios en Buenos Aires es del 0,6% mensual mientras que en Santa Fe o en San Luis llega al 4%.
Lo malo de estas situaciones es que se están volviendo costumbre. Por ejemplo, la incidencia de la pobreza y de la indigencia en los 31 aglomerados urbanos del país, correspondiente al segundo semestre de 2007, aún no fue difundido, con una mora de dos meses. Y ese atraso no sólo tiene que ver con la dificultad que tuvo el organismo para calcular el valor de la canasta básica total (marca el límite para no bajar en la escala social) por no contar con los datos del Gran Buenos Aires y por tantas variaciones de precios de alimentos y bebidas. Y esto se agravó desde el mismo momento en que el Indec decidió retocar la inflación, en enero de 2007, cuando los acuerdos con los empresarios no surtían el efecto esperado por la gestión del entonces presidente, Néstor Kirchner. Ahora, de algún modo, el paro del campo le vino bien a la administración de Cristina Fernández. Con un informe preliminar, la Presidenta salió a decir que la pobreza sólo afectaba al 20% de la población urbana de la Argentina, casi 10 puntos porcentuales menos que lo proyectado por las consultoras privadas. Más de seis millones de habitantes de la zona urbana del país siguen sin poder reunir los ingresos mínimos para escalar a la clase media, cada vez más golpeada por la suba de precios y por los reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados y estatales.
En la medida de fuerza de los productores, la Casa Rosada encontró un corresponsable del proceso inflacionario que vive el país. A juzgar por los hechos, hubo un reacomodamiento de valores que el Gobierno trató de ocultar bajo la alfombra oficial o postergarlo.
Al gobernador José Alperovich le conviene políticamente "acompañar" las decisiones de la Rosada para no crispar los ánimos presidenciales. De hecho, en varias oportunidades el teléfono rojo de Balcarce 50 se levantó para poner en sintonía al alperovichismo. Por esa razón no habrá decisión política en Tucumán respecto de avanzar con una medición propia de la inflación provincial. El Indec seguirá calculándola, pero queda claro que no se publicará para que el consumidor sepa la evolución de los precios. El presupuesto anual deberá ser entonces medido por el índice oficial, aunque los técnicos se darán maña para recalcular el sobrecosto que la inflación puede generar en la obra pública.
La indefinición política respecto del tema del agro complica el panorama económico argentino. Sólo para sostener el dólar en un clima de nerviosismo entre los ahorristas, en menos de una semana el Banco Central perdió U$S 900 millones de sus reservas internacionales que hasta ayer ascendían a U$S 49.422 millones.
El temblor terminará afectando a Tucumán, cuya deuda sigue creciendo y supera los $ 4.400 millones, y en donde el Estado necesitará en agosto ampliar el presupuesto en casi $ 1.000 millones; parte por el crecimiento de los ingresos; parte por la bendita inflación real.