01 Marzo 2008
A raíz de que la Corte Suprema de Justicia, anoche, sólo declaró nulo el apartado IV, inciso “B” de la polémica acordada Nº 972, las demás disposiciones de ese acto administrativo del alto tribunal quedaron en pie.
Como consecuencia, no se alteran los beneficios concedidos a siete relatores “senior” de los vocales de la Corte, cuyos básicos fueron elevados de $ 4.542 a $ 4.936, lo que los equipara a vocales y a fiscales de Cámara. Lo mismo sucede con los relatores “junior”, para quienes la suba fue de $ 3.299 a $ 4.542, con lo que quedaron igualados salarialmente a defensores, fiscales y jueces de primera instancia.
La acordada también recategorizó a tres funcionarios de trayectoria (no son abogados): María Cristina Díaz, Segundo Brizuela y Segundo Gabar, que de prosecretarios de Corte (de Superintendencia), del Ministerio Fiscal y de la Secretaría Judicial fueron reencasillados como secretarios de Corte, con un básico de $ 4.071 (anteriormente en tal concepto percibían $ 2.507, $ 2.420 y $ 2.507, respectivamente).
Tampoco se modificó la situación de la profesional Carolina Ledesma Padilla (prosecretaria de la Secretaría Administrativa), que también fue agrupada bajo la categoría de secretaria de Corte, con $ 4.071 (su sueldo básico anterior era de $ 2.541).
No se alteraron los casos de los jefes de despacho de los cinco vocales de la Corte (María Teresa Avila, Ana María Gandur, Aníbal Nicolás Yánes, María Inés Robledo y Celia Josefa Mateo), que fueron reencasillados como prosecretarios judiciales de categoría “C”, con lo cual sus básicos pasaron de $ 1.844 a $ 2.321.
Tampoco fue revisada la situación de los abogados José Francisco Goane, Horacio Paz Filgueira y Marcos Arias Amicone, que pasaron de encargados mayores a secretarios de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Como consecuencia, no se alteran los beneficios concedidos a siete relatores “senior” de los vocales de la Corte, cuyos básicos fueron elevados de $ 4.542 a $ 4.936, lo que los equipara a vocales y a fiscales de Cámara. Lo mismo sucede con los relatores “junior”, para quienes la suba fue de $ 3.299 a $ 4.542, con lo que quedaron igualados salarialmente a defensores, fiscales y jueces de primera instancia.
La acordada también recategorizó a tres funcionarios de trayectoria (no son abogados): María Cristina Díaz, Segundo Brizuela y Segundo Gabar, que de prosecretarios de Corte (de Superintendencia), del Ministerio Fiscal y de la Secretaría Judicial fueron reencasillados como secretarios de Corte, con un básico de $ 4.071 (anteriormente en tal concepto percibían $ 2.507, $ 2.420 y $ 2.507, respectivamente).
Tampoco se modificó la situación de la profesional Carolina Ledesma Padilla (prosecretaria de la Secretaría Administrativa), que también fue agrupada bajo la categoría de secretaria de Corte, con $ 4.071 (su sueldo básico anterior era de $ 2.541).
No se alteraron los casos de los jefes de despacho de los cinco vocales de la Corte (María Teresa Avila, Ana María Gandur, Aníbal Nicolás Yánes, María Inés Robledo y Celia Josefa Mateo), que fueron reencasillados como prosecretarios judiciales de categoría “C”, con lo cual sus básicos pasaron de $ 1.844 a $ 2.321.
Tampoco fue revisada la situación de los abogados José Francisco Goane, Horacio Paz Filgueira y Marcos Arias Amicone, que pasaron de encargados mayores a secretarios de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
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