“El carbonero” tiene apenas 14 años, pero no va a la escuela. Vive en Villa Trinidad y hasta la semana pasada, repartía sus horas entre changas para sobrevivir y sus andanzas junto a “Los piojosos”, un grupo de chicos de su edad que se divertía molestando a sus vecinos. Sus principales actividades eran arrebatar celulares, apedrear casas y destrozar bienes públicos. Pero los días de ocio de “El carbonero” se terminaron cuando le tiró un botellazo en la cabeza a José Javier Juárez, un vecino de 16 años, mientras conversaba con una chica al frente de la escuela. La agonía de José logró poner en letra de molde lo que los vecinos reclamaban sin hacerse escuchar: que allí las bandas de chicos violentos no los dejan vivir y que sabían que en cualquier momento iba a pasar una tragedia.
Más allá de la indignación de mucha gente por el hecho de estos chicos son inimputables, la gran pregunta es por qué no están en la escuela, en vez de estar en la calle. Por qué no están haciendo algún deporte en vez de divertirse con la bebida. Por qué la droga tiene que ser su único consuelo.
El 70% de los chicos que delinquen no va a la escuela, esa institución que, a pesar de todos sus defectos, es la única que los puede reconciliar con la vida, con su destino y con su dignidad.
Desde el Estado se hacen intentos, aún tibios de abrir las escuelas a los adolescentes que no estudian. Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), que funcionan los sábados, dieron excelentes resultados. Lo mismo ocurrió con programas para chicos que quieren volver a estudiar, y se incluyó la enseñanza en contexto de encierro. Pero no se logra acercar a quienes se sienten en la oscuridad de la marginación. Es difícil que un chico que se droga, que ya es conocido en los juzgados de menores, que es “rotulado” como “peligroso” en su barrio, tenga esa chispa de superación que le inspire ir a la escuela por decisión propia. Siente que nadie lo puede ayudar. Ni siquiera sus padres lo hacen. El Estado no tiene centros de rehabilitación para chicos drogadictos ni tampoco sabe qué hacer ni dónde alojar a los adolescentes qué delinquen. Todavía no hay un programa integral que atine a dar soluciones reales.
El teólogo brasilero Fray Betto, que fue preso político en la década del 70, conocía de cerca la problemática. Había inventado un método muy eficaz para hacer disfrutar de la enseñanza a sus compañeros de celda y rehabilitarlos para la comunidad. El mismo lo cuenta así en diálogos con otro conocido pedagogo, Paulo Freire, en su libro “Esa escuela llamada vida”: “en la cárcel tuve oportunidad de realizar eso que hasta hoy es uno de mis sueños utópicos, dirigir un espectáculo. Formé un grupo de cuarenta presos. Fue muy interesante como experiencia pedagógica porque en realidad mi meta era crear mediante el teatro un proceso pedagógico por el cual ellos pudiesen liberarse subjetivamente de todo ese sufrimiento absurdo que el sistema carcelario les generaba”.
“El trabajo teatral buscaba posibilitarles un encuadramiento de su existencia en el mundo (...). Yo pedía: -compañero, cuente por qué vino a parar a la cárcel. Y el hombre lo contaba. Empezaba a representar el delito y hacía el papel de criminal. Otro preso hacia el papel de la víctima, otro el de la mujer de la víctima, otro el de policía, del comisario, del policía que lo torturó, del juez... Después invertíamos los papeles. Era interesante cuando el que había matado se veía en el papel de la víctima. Por primera vez podían distanciarse de su propia acción. Incluso tenían que hacer de juez y decidir qué pena le correspondía. Todo eso fue creando un espacio de reflexión crítica sobre sus propios problemas”, relata.
En las villas sedientas de justicia, de la capital y del interior, se necesitan experiencias como las de Fray Betto. Y mejor si también se las aplica en la Casa de Gobierno, con funcionarios que se metan en la piel de las víctimas y los victimarios (que también son víctimas), que sólo tienen oportunidad de egresar de la escuela de la calle, que hoy no enseña nada bueno.