Una acción coordinada con el Estado que debe continuar

El largo y espinoso camino que lleva a un Tucumán productor de biocombustibles por fin aparece ante la vista de los empresarios azucareros, que son los que tendrán que encarar las inversiones necesarias para que se materialice esta alternativa energética desde nuestra provincia. Pero la tarea de lograr que los 15 ingenios tucumanos elaboren etanol para adicionar en una proporción del 5% a las naftas a partir de 2010 no será sencilla ni económica.
La Ley 26.093, de promoción de los biocombustibles -impulsada por el sector granario argentino, casualmente-, dejó fuera de este esquema a la caña de azúcar, ya que la norma establece que las empresas participantes deben ser “agrícolas”, y no “agroindustriales”, como son los ingenios. Este impedimento no molestó en absoluto durante bastante tiempo a las principales empresas azucareras del país, que temían, por un lado, que se inicie un proceso que pudiera terminar abandonado, como el Plan Alconafta, que nació en Tucumán en la década del 80. También temían que Brasil exigiera que cayeran los aranceles que protegen a la actividad azucarera argentina, que se instauraron justamente en resguardo de un sector sucroalcoholero como el brasileño, fuertemente subsidiado por el Estado.
Hasta 2010, el sector azucarero nacional elaborará alcohol para uso farmacéutico, de bebidas, etcétera. La Argentina elaboró en 2006 alrededor de 187 millones de litros de alcohol de caña, de los cuales la mitad se exporta y el resto se vende al mercado interno. Los ingenios en la Argentina elaboran el alcohol a partir de la melaza, cuando no se puede sacar más azúcar, lo que es mucho más económico que producirlo directamente de la caña. La proporción es de unos 10 litros de alcohol por cada 100 kilos de azúcar. Fabricar alcohol sin pasar por el azúcar podría redundar en 75 litros con igual cantidad de caña.
Tal vez muchos no lo sepan, pero en materia de biocombustibles los tucumanos hicieron punta hace unos 80 años, cuando la Estación Experimental Obispo Colombres comenzó a investigar para lograr el desarrollo del etanol combustible en Argentina. Luego, sus esfuerzos fueron capitalizados por Brasil, que instauró el Plan Proalcool, a mediados de la década del 70, que le permiten hoy ser un cómodo líder en el mercado mundial de este producto, mientras el Plan Alconafta fue desechado por la Argentina, luego de cinco años de vigencia. El programa establecía una obligatoriedad de mezcla en 12 provincias argentinas del 15% de alcohol en las naftas, con una exención total de impuestos sobre la parte de alcohol que se mezclaba. El impuesto a los combustibles recaía sobre el 85% de la nafta, y el 15% restante no pagaba. Esto llevó a que el Estado nacional considerara que el plan tenía un alto costo fiscal y no actualizó los precios que fijaba la Secretaría de Energía para el alcohol, lo que llevó a que perdiera rentabilidad el negocio, y se abandonó el programa.
Sin embargo, antes de ese final, en 1988 se habían incrementado las ventas de alcohol en un 122% respecto del promedio histórico de los 10 años anteriores al del lanzamiento del programa, en 1981. Se utilizaron 2,9 millones de toneladas de caña adicionales, con una ocupación directa en el sector agrícola de más de 2 millones de jornadas-hombre-año. El Plan Alconafta tucumano generó importantes ingresos directos e indirectos adicionales a la región; mejoró el nivel de ocupación de la estructura productiva del sector industrial e incrementó la recaudación impositiva derivada de la mayor actividad económica.
Evidentemente, el escenario de hoy es muy distinto del que rodeó al experimento vanguardista tucumano, y favorece el desarrollo de los biocombustibles. Habrá que ver si la acción coordinada del Estado (nacional y provincial) y los privados, que se vio la semana pasada, se sostiene en el tiempo, para que Tucumán gane con este prometedor negocio del futuro inmediato.