Los diferentes casos de funcionarios "bolseros" -neologismo que se está aplicando para aquellos que son descubiertos con bolsas de billetes sin explicación- se encuadran en la cuestión, amplia y siempre difícil de demarcar, de la relación entre dinero no registrado y política, que presenta dos problemas claramente distintos: el de la corrupción administrativa para beneficio individual y, el más complejo, del financiamiento de la propia organización política.
Por un lado, el problema de la corrupción individual -sobornos, desvíos de fondos, etcétera- es tan antiguo como la política misma y siempre ha sido difícil de probar, salvo que los protagonistas confiesen o sean capturados in fraganti, porque en general deja pocas pistas contables y confronta a los protagonistas con la palabra del otro. Si es difícil de probar, tampoco es fácil de combatir. El investigador anticorrupción puede encontrar dinero sin explicar, pero rara vez logra ir más allá de eso.
La cuestión de la corrupción organizacional, en cambio, es un problema de los sistemas políticos. Las campañas electorales son cada vez más caras y, simultáneamente, son cada vez menos los ciudadanos dispuestos a contribuir para los partidos políticos. Paradójicamente, los partidos en un principio suponían ser financiados por el aporte de los propios afiliados, pero la relación con el tiempo se ha ido revirtiendo. Es más frecuente de lo que muchos suponen que los partidos financien sus costosas campañas con dinero de las propias arcas del Estado, con la complicidad sistémica de los funcionarios. Recientemente estallaron, en México y en Brasil, casos de millonarios fondos electorales ilegales. Un remedio posible, entre otros: restringir por ley la duración y el costo de las campañas, para que haya menos incentivos a gastar y "robar para la corona". (Especial para LA GACETA)