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ampliar | “NO LES VAN A DAR LOS NUMEROS”. Mientras visitó la construcción de una escuela en Yerba Buena, el mandatario dijo que la oposición sólo critica. SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION

“Van a llegar a absolutamente nada, porque los números no les van a dar para el juicio político”. La afirmación es del gobernador, José Alperovich, quien se refirió de este modo, ante la prensa, respecto del pedido de juicio político en contra del fiscal en lo Penal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera.
El planteo de destitución fue presentado en la Legislatura ayer, a las 12, por el titular de la convención provincial de la UCR, Ariel García, y el diputado Esteban Jerez. Ambos cuestionan, fundamentalmente, que se haya ordenado el archivo de la causa contra el secretario de Coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario, sin siquiera haberlo citado a declarar. La denuncia se funda en que, de acuerdo con un informe oficial revelado por LA GACETA el 29 de enero, 86 de las 93 comunas adeudaban, en distinto grado, las rendiciones bimestrales de cuentas de 2006.
“Todo es pirotecnia verbal para tener una columna más en LA GACETA y para criticar, pero no va a llegar a nada”, ratificó.
“Son dos cosas distintas”, dijo también Alperovich, para diferenciar la archivada investigación contra Mansilla, y la detención del comisionado de Cebil Redondo, Aldo Encina, acusado de haber contratado personal de manera irregular. Ambas causas estuvieron fueron instruidas por el fiscal Herrera.
“La oposición, como no tiene discurso, sale con estas cosas”, agregó el mandatario.
“No me voy a quedar callado porque las obras llegan, y eso es así porque este gobierno no roba; la oposición debe saber que la única forma de hacer política es trabajando y dando soluciones a la gente”, manifestó. Luego, defendió la gestión de Mansilla y señaló que la obligación del funcionario termina cuando les entrega los fondos a los comisionados. “Cada delegado se maneja en forma independiente y, si hay irregularidades, la Justicia debe actuar; como hizo el fiscal”, señaló.
El titular del PE dijo que él debe ser cuidadoso con los delegados, porque fueron elegidos por el voto. “No los pongo y no hay manera de controlarlos. Es la gente la que debe denunciar: nosotros pedimos los balances”, añadió.

“Modus operandi”
“09-JP-07” es la denominación oficial del expediente por el cual García y Jerez solicitaron ayer a la Cámara que remueva al fiscal Herrera de su cargo. Como la presentación debe ir acompañada por la firma de un miembro de la Cámara, fue avalada por el legislador radical Roberto Palina.
En diálogo con LA GACETA, ambos dirigentes condenaron las manifestaciones del gobernador.
“Lo que ocurre en Tucumán es tremendo. Alperovich busca declarar la muerte del sistema republicano de gobierno. Quiere tener su propia Legislatura y, a la vez, una Justicia sometida. Porque en su descarada afirmación acerca de que él maneja los votos de los miembros de la comisión de Juicio Político para desestimar un planteo, lo que debe advertirse es que, en realidad, está diciendo que también controla los votos para promover destituciones. Es una amenaza encubierta e inadmisible”, repudió Jerez. “El gobernador quiere establecer una monarquía absolutista en la cual el Poder Legislativo es mero fedatario de sus caprichos, y en la cual los jueces son, directamente, sus empleados”, aseveró.
“Espero que los legisladores, ante esta afrenta, demuestren que, al contrario de lo insinuado hoy por Alperovich, no los manejan por control remoto desde la Casa de Gobierno”, consignó.
García, a su turno, sostuvo que, más allá de los alineamientos políticos de cada legislador, lo dicho por Alperovich lesiona a la Legislatura. “No habíamos presentado el expediente aún, y él ya ordenaba su rechazo. Eso es, para el sistema democrático, gravísimo. Y, a la vez, equivale a ningunear a los parlamentarios”, se quejó.
“Ya vimos a Alperovich ratificando a Mansilla por la prensa y, de inmediato, a Herrera archivando la causa. Parece que quiere convertir esos excesos en un modus operandi, esta vez dirigido a la Cámara”, condenó.
Presentado el pedido de destitución, la ley fija un plazo de dos días para que el expediente pase a la comisión de Juicio Político. Allí, durante otros dos días, se verifica que no tenga vicios formales (si los hubiera, los denunciantes -que deben unificar personería- tienen dos días para corregirlos). Luego, hay otros dos días para que ratifiquen la presentación.
Tras la ratificación, la comisión tiene 15 días hábiles para examinar el planteo y decidir si le hace lugar o lo desestima. Si le corre traslado, el denunciado tiene 15 días hábiles para hacer el descargo. Y a partir de su respuesta, la comisión tiene 20 días hábiles para elevarla a juicio político o no.